Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

Menu

COMUNICADO 185

Creación del mandato de un Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la diversidad de género

1 de juliol de 2016

El Consejo de Derechos Humanos, en la fase final de su 32ª sesión, dió el jueves 30 de junio un paso fundamental en la universalización de la lucha contra la discriminación por razon de orientación sexual y de identidad de género, una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos.

El Consejo aprobó el establecimiento del mandato de un Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la diversidad de género. Cabe felicitar a los Estados que han asumido el liderazgo de esta iniciativa – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay –, que España ha apoyado activamente y que se ha plasmado en una resolución aprobada con el copatrocinio de nuestro país.


La no discriminación de las personas por su orientación sexual y su identidad de género resulta imprescindible para que las personas LGBTI puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos en igualdad condiciones con cualquier otra persona. El sistema de Naciones Unidas carecía hasta ayer de un mecanismo que pudiera proteger a las personas de la discriminación por estos motivos, discriminación que se manifiesta incluso en las legislaciones de un buen número de países que tipifican como delito las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo, llegando incluso algunos a castigarlas con la pena de muerte.

La creación del mandato del Experto Independiente contribuirá sin duda a garantizar la realización efectiva de los derechos humanos para todos, sin excepción, y a lograr una adecuada protección de personas que son objeto de discriminación y persecución, incluso de violencia y criminalización, por razón de su orientación sexual o su identidad de género.