España nuevamente acoge con preocupación el informe sobre pena de muerte en 2013 publicado por Amnistía Internacional. En 2013 las ejecuciones aumentaron en torno al 15%, lo que supone la ejecución de cerca de 100 personas más con respecto a 2012. Varios países reanudaron las ejecuciones, tras periodos de moratoria.
A pesar de estos evidentes retrocesos, Amnistía deja claro que la realidad es que el mundo sigue caminando hacia la abolición, lo que se refleja en la reducción constante del número de países que aplican la pena capital en el mundo. Hace 20 años, dos tercios de los países del mundo aplicaban la pena de muerte. Hoy dos tercios la han abolido de iure o de facto.
España mantiene una posición firme en contra de la pena de muerte, por considerarlo un castigo cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad del ser humano, además de carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal, y de provocar efectos irreparables en caso de error judicial.
Prueba de este firme compromiso fue la celebración en Madrid, del 12 al 15 de junio del 2013, del V Congreso Mundial contra la pena de muerte, organizado por la asociación francesa Ensemble contre la peine de mort (Juntos contra la pena de muerte), con el patrocinio de España, Noruega, Suiza, y Francia, y en colaboración con la Coalición mundial contra la pena de muerte, durante el cual se trasladó un mensaje firme a favor de la abolición sin excepciones y al que asistieron tanto representantes de gobierno retencionistas, como abolicionistas. Este congreso fue una magnífica oportunidad para favorecer el necesario diálogo entre abolicionistas y retencionistas.
España continua su labor de defensa de la abolición universal de la pena de muerte en el ámbito internacional, a través del apoyo a la Comisión Internacional contra la pena de muerte (www.icomdp.org) y en foros internacionales como NNUU en el que este año se negociará la quinta resolución por una moratoria universal de la pena de muerte, y quiere destacar, asimismo, la magnífica labor que ejerce la sociedad civil española e internacional en este esfuerzo en favor de la abolición.