Los pasados 26 y 27 de abril, España, Estado Parte de la Convención l para la Eliminación de la Discriminación Racial desde 1968, se sometió a la revisión de sus 21er, 22º y 22ter informes periódicos de cumplimiento de la Convención, mediante un diálogo interactivo con el Comité para la Eliminación de la discriminación racial, órgano encargado de evaluar las acciones de los Estados miembros en el cumplimiento de la Convención.
España contó con una extensa Delegación, encabezada por la Embajadora de España ante la Oficina de NNUU en Ginebra, y compuesta por técnicos de los departamentos ministeriales concernidos por las obligaciones emanadas de la Convención (Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Educación, Sanidad, y Empleo); y de otros Poderes y organismos del Estado (Poder Judicial y Fiscalía General).
En su presentación, la Embajadora informó a los miembros del Comité sobre los principales avances normativos y legislativos recientes que han tenido incidencia en esta temática. En este sentido, destacó la reforma del Código Penal en 2015 (que incrementa tanto los tipos penales como las penas relativas a la incitación al odio sobre bases étnicas, religiosas o de cualquier índole o consideración personal). La Embajadora también señaló la aprobación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad ante los delitos de odio (2015), así como la Ley que ha establecido el Estatuto de la Víctima (2015). Sin ánimo de ser exhaustivos también recordó otras importantes novedades como la aprobación de la Estrategia Integral contra el Racismo en 2011 y su primera evaluación en 2015.
En el posterior diálogo entre el Comité y la Delegación fueron muchas las áreas concretas de trabajo en las que la Delegación fue dando respuesta a las preguntas y aclaraciones planteadas por el Comité, como por ejemplo en relación con las políticas de asilo y migración, los progresos en integración y educación, o las acciones en apoyo de determinados colectivos como afrodescendientes y gitanos.
Este ejercicio suscitó un interesante intercambio de preguntas que permitieron a España la explicación de sus distintas actuaciones, que serán tomadas en consideración por el CERD en sus próximas recomendaciones.