Este protocolo tiene por objeto actualizar el convenio hispano-mexicano vigente, que entró en vigor en octubre de 1994. Con el mismo, España y México manifiestan el interés en impulsar el vínculo económico bilateral, mejorar la cooperación en materia fiscal y lucha contra el fraude tributario. Con él se contribuirá a reforzar la seguridad jurídica en los intercambios económicos bilaterales y a la dinamización de éstos.
En el texto se da una nueva redacción a la imposición sobre los dividendos e intereses y al tratamiento de las ganancias de capital. Se incorporan, asimismo, normas que afectan a la imposición en el sector de los hidrocarburos. Se introducen también previsiones sobre asistencia en materia de recaudación y el derecho a acogerse a los beneficios del convenio.
Por otro lado, el convenio actualiza el régimen para la eliminación de la doble imposición y el intercambio de información tributaria. Concretamente, se actualiza el artículo de intercambio de información en los términos del modelo de convenio tributario de la OCDE.
Además, se ha incluido una cláusula antiabuso general. Este tipo de cláusulas se incluyen en la mayor parte de los convenios para evitar la doble imposición que ha negociado España en los últimos años y están en sintonía con el proceso de lucha contra la evasión fiscal impulsado recientemente a nivel internacional (OCDE y G-20). Su principal objetivo es evitar que el convenio pueda ser utilizado para favorecer tanto la evasión fiscal como la opacidad en los flujos internacionales de capitales.