El pasado 29 de julio de 2015 se publicó la Ley 25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social que modifica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
En términos generales, la Ley de emprendedores tiene como objetivo facilitar la estancia y residencia de los inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, así como a los familiares determinados en la Ley tras su modificación. Para ello se prevé la agilización en la tramitación de sus visados, con un plazo general de resolución de 10 días.
Con las modificaciones introducidas por la nueva Ley, podrán obtener permiso de trabajo además de la residencia, los inversores extranjeros interesados cuando compren una propiedad inmobiliaria de más de medio millón de euros o adquieran más de dos millones de euros en deuda pública. Con esta ley se pretende la entrada en España no sólo de personas con gran poder adquisitivo, sino también de emprendedores, profesionales altamente cualificados y de investigadores de un país no miembro de la UE. Este cambio ha facilitado, según diversas estimaciones, la creación de numerosos empleos en el primer trimestre del año.
Entre otras novedades, se aumenta de dos meses a un año el plazo que se les exigía a los inversores de capital para poder acreditar que habían destinado el capital mínimo establecido para la compra de deuda pública española, para acciones de empresas españolas o para demostrar que tenían depósitos bancarios en entidades financieras españolas. Igualmente, se flexibilizan los requisitos necesarios para la compra efectiva de propiedades inmobiliarias.
Por otra parte, esta enmienda aumenta la posibilidad de solicitar el visado de residencia además del cónyuge e hijo menor de 18 años , a la persona vinculada con análoga relación de afectividad, a los hijos mayores de 18 años que sigan dependiendo económicamente del titular y a los ascendientes a cargo. También se permite ahora obtener un permiso de residencia al representante del inversor, cuando éste tenga que gestionar un proyecto de interés general.
Los visados de residencia contemplados en la Ley de emprendedores tienen un período de validez de un año, pudiendo incluso renovarse aunque el inversor se encontrase fuera de España durante más de seis meses al año.
Entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014 se concedieron 3.120 autorizaciones de residencia bajo el amparo de la anterior disposición, de las cuales 1.200 eran de profesionales altamente cualificados, 900 de ejecutivos de empresas operando en España y 370 de investigadores que provenían de otros países no comunitarios.